En 2026, si bien no se produjo una “revolución total” en los contratos empresariales en Portugal, sí se observaron cambios importantes y tendencias claras que afectaron la forma en que las empresas crean y gestionan dichos contratos.
Una de las principales novedades está vinculada a la reforma laboral en debate (“Trabalho XXI”), que podría modificar significativamente los contratos de trabajo, especialmente los de duración determinada. Entre las propuestas se incluyen el aumento de la duración mínima y máxima de estos contratos, una mayor flexibilidad en su uso y cambios en las normas de renovación. Sin embargo, algunas medidas aún están en negociación y podrían no implementarse exactamente como estaba previsto.
Por otro lado, ya se tomaron decisiones concretas en 2026: el Gobierno optó por no aumentar la duración máxima de los contratos de duración determinada, manteniendo los límites actuales. Además, se están produciendo ajustes en otros ámbitos, como el banco de tiempo (que dependerá más del acuerdo) y la normativa sobre despidos y subcontratación, que impactan directamente en los contratos entre empresas y trabajadores.
También cabe destacar los cambios en la contratación pública y los contratos con el Estado. En situaciones excepcionales (como los regímenes especiales aprobados en 2026), se ha observado una simplificación de los procedimientos, una menor burocracia y una toma de decisiones más ágil en la adjudicación de contratos públicos. Esto facilita el funcionamiento de las empresas, especialmente en contextos urgentes o que requieren apoyo económico.
Finalmente, la principal tendencia para 2026 es una mayor demanda de transparencia, control y gestión de contratos. Se observa una mayor interrelación de datos fiscales, una mayor atención al cumplimiento legal y una creciente necesidad de análisis estratégico de los contratos (por ejemplo, contratos de energía o suministro). Los contratos dejan de ser documentos estáticos para convertirse en herramientas de gestión activas dentro de las empresas.